I. De la congruencia judicial:

El denominado principio de congruencia judicial (cfr. arts. 34 inc. 4 y 163 inc. 6 del C.P.C.C.N.) impone la necesaria conformidad entre la sentencia y las pretensiones deducidas en el juicio [2]   . Se ha dicho que más que un principio jurídico se trata “ de un postulado de la lógica formal que debe imperar en todo razonamiento” [3] .

En un sentido lógico la sentencia debe versar sobre los sujetos individualizados en la demanda, recaer sobre el objeto reclamado y pronunciarse en virtud de la causa invocada, de lo que se sigue que los hechos expuestos por la actora en su demanda y los invocados por el demandado como fundamento de su defensa, conforma lo que se ha denominado la traba de la litis, por ende debe existir plena conformidad entre la pretensión del actor, la negativa o rechazo por parte del demandado y la sentencia.

La demanda determina la persona citada en calidad de demandado, la naturaleza de la pretensión y los hechos en que se funda. La contestación fija los hechos controvertidos y por ende las circunstancias que serán objeto de la prueba, delimitando de esta manera el “tema decidendum”   [4] , fijando  la litis, “ los límites de los poderes del juez” [5] , es decir es la demanda donde se fijan los límites de la acción, los que van a condicionar tanto a la contestación de demanda como al pronunciamiento que el juez dicte.

Bajo tales premisas el art. 163 inc. 6° del C.P.C.C.N. prescribe que la sentencia debe contener la decisión expresa, positiva y precisa de conformidad con las pretensiones deducidas en el juicio, no debiendo proceder extra petita, es decir hacer mérito de cuestiones no introducidas, cosas no pedidas o hechos no afirmados, o emitir un pronunciamiento en menor medida que el pedido “citra petita” [6] .

II. De su fundamento.                .

La doctrina y jurisprudencia sustenta la necesaria correspondencia entre los hechos articulados y la sentencia con el principio de contradicción según el cual nadie puede ser condenado sin habérselo oído,  es una manifestación del principio dispositivo, del derecho de defensa en juicio,  de la igualdad procesal,  en suma tiene raigambre constitucional pues si la sentencia excede el objeto de la pretensión menoscaba el derecho de defensa de la otra parte, quien se ve privada de toda oportunidad procesal para alegar y probar acerca de temas que no fueron objeto de controversia [7]

Al respecto, sostiene Couture que “(…) la sentencia, como acto, es aquel que emana de los agentes de la jurisdicción y mediante el cual deciden la causa o puntos sometidos a su conocimiento y que derivan en una primera operación, de los términos mismos de la demanda, es decir que el Juez halla ante sí el conjunto de hechos narrados por las partes en sus escritos preliminares de demanda y contestación y las pruebas sobre esos hechos que las partes han producido para depararle la convicción de la verdad y permitirle efectuar la verificación de sus respectivas posiciones (…)” [8] . En el mismo sentido, Colombo señala que “(…) La decisión adoptada por el Juez para resolver el litigio debe ser congruente con la forma como ha quedado trabada la relación jurídico procesal, sin que corresponda alterar o modificar en aspectos esenciales, las pretensiones formuladas por las partes (…)” [9] .

En síntesis  de conformidad con el principio de congruencia que en resguardo del derecho de defensa, debe regir el proceso, el juez o tribunal no puede apartarse de los términos en que quedó trabada la litis porque allí quedan fijados en definitiva los temas de la controversia que no pueden ser luego alterados.          

Esto no sólo se circunscribe a los fallos dictados por el juez , sino que también alcanza a las decisiones emanadas de la cámara.  Sí, como ya señalamos, el magistrado no puede apartarse de los términos en los que quedó trabada la litis, pronunciándose sobre cuestiones que no fueron peticionadas o en contra de planteos que las partes no dedujeron  tampoco podrá la alzada –al dictar un pronunciamiento– excederse de los límites que le fijan los escritos recursivos, por cuanto el tratamiento de cuestiones ajenas a las que las partes consideraron allí, no sólo afectaría el principio de congruencia sino que también menoscabaría la garantía constitucional de defensa en juicio.

 Desde ya largos años, la  Corte Suprema ha señalado la necesidad  de que “exista una plena conformidad entre lo pretendido y resistido por un lado, y lo sentenciado por el otro. Toda sentencia debe contener una  rigurosa adecuación a los sujetos, objeto y causa que individualizan la pretensión y la oposición”  (CSJN,6/9/77, “Suarez c/ Urquiza”,  30/8/84  “Bromaq c/ Robles”, 10/7/75, “Escofet, Francisco c/ Dirección Nacional de Vialidad”), [10]

III. La congruencia y los hechos objeto de prueba

Los hechos narrados  por las partes en los escritos de constitución del proceso (demanda y contestación) fija y limita los poderes del juez. Las circunstancias expuestas en la contestación de demanda delimita concreta y fija el objeto de la prueba al precisar cuáles son los hechos controvertidos y las defensas que se invocan al progreso de la acción, así salvo el supuesto previsto por el art. 78 de la L.O. no podrán invocarse nuevos hechos. Debe tenerse en cuenta que el aspecto central de la contestación es  el que   determina  cuáles son los hechos debatidos. De esa manera la demanda y la respectiva réplica conforman el tema de debate sobre el cual se debe sustanciar la prueba y dictar sentencia, de lo que se sigue que la prueba solo puede versar sobre los hechos alegados por las partes controvertidos en el proceso y conducentes para la dilucidación del  mismo, de ahí que no podrán ser objeto de análisis y valoración aspectos que no fueron invocados en el juicio (cfr. art. 364 C.P.C.C.N.).

IV. De los requisitos formales de la demanda:

                           Sabido es que la presentación de la demanda importa el cumplimiento de  determinados recaudos formales, así el art. 65 de la ley 18.345 exige que en el escrito inicial se designe la cosa demandada con precisión y los hechos expuestos claramente.  Como dice Maza cosa demandada es aquello que se le pide al órgano jurisdiccional,  constituye el objeto de la condena pretendida [11] .  A su vez el objeto de la pretensión debe encontrar sustento en los antecedentes fácticos que le sirven de fundamento,  - los hechos en que se funden explicados claramente – ( cfr. art. 65 citado).

En síntesis, cuando en el escrito inicial se peticiona algo (cosa demandada) deben describirse los hechos y omisiones que encuadren en una determinada norma  que hagan operar la regulación jurídica del caso, pues no basta invocar el marco jurídico sin explicar los hechos que encuadren en ese contexto  normativo, es que “la acción se individualiza por el hecho y no por la norma de la ley” [12]

La claridad en la exposición de los hechos tiene importancia fundamental, pues pone en juego la garantía de defensa en juicio, pues el demandado debe reconocer o negar tales hechos, es que como lo venimos sosteniendo el juicio versará sobre lo que se incluya en el escrito de demanda único instrumento regulado por las leyes procesales y sobre el que la parte demandada tiene la carga procesal de expedirse.   

En tal orden de ideas, el cumplimiento de los recaudos previstos por el art. 65 incs. 3) y 4) de la L.O. constituye una verdadera carga para el actor, entendida ésta como un “imperativo del propio interés”, es una situación de riesgo [13] . Debemos recordar que la doctrina actual considera la carga como una facultad de obrar en beneficio propio, sin coacción ni ilicitud; como una conveniencia práctica, no como un deber jurídico, como un imperativo del propio interés [14] .  

Si bien el art. 67 de la ley 18.345 faculta al juez a intimar a que se completen aquellos datos esenciales para el andamiento meramente formal de la acción, lo cierto es que dicha norma no permite que el magistrado supla por vía de inferencias las omisiones del accionante que no haya cumplido con la carga procesal que le impone el art. 65 de la ley citada.

 El juez no puede, por estarle absolutamente vedado, inducir al demandante a fundar mejor su pretensión, a agregar mejores argumentos o a exponer  fundamentos jurídicos o fácticos olvidados en la demanda. Tal actitud judicial constituiría un evidente y reprochable exceso en la función saneadora, una muestra de desviación en el uso de las facultades – deberes procesales, llevando al magistrado a un papel que en modo alguno puede asumir, “saliéndose del epicentro del proceso donde su imparcialidad y equidistancia de los litigantes deben caracterizarlo” (cfr. art. 34 inc. 5° c) del C.P.C.C.N.) (CNAT, Sala III, SD Nro. 84.961, del 24/6/2003, “Acosta, Valería Paula c/ Telecom Personal S.A. y otro s/ despido”, SD, Nro. 89235 del 16/11/2007, “ Coronel Santiago Horacio c/ Elecgas S.A. y otros s/  despido”),  es que como lo venimos explicando, “la actividad de las partes constituye el límite de los poderes del magistrado como director del proceso” [15]

Se ha establecido también, que “Es carga procesal de los accionantes informar al juez y a la parte contraria de todas las circunstancias fácticas que resultan ser el soporte del derecho aplicable, no siendo obligación del sentenciante de grado la de intimar a la parte en los términos del artículo 67 de la L.O. a subsanar la omisión en que incurriera, dado que el instituto contemplado en dicha norma procesal está íntimamente ligado con la garantía del debido proceso y el magistrado no puede emplearlo para suplir las omisiones del actor” ( CNAT, Sala IX, 3/2/2006 , “Salomita, Leonardo A., c/ Cencosud S.A.”)

Consideramos entonces, que el art. 67 de la L.O. faculta al juez a intimar a que se completen aquellos datos esenciales que hacen a la viabilidad formal de la acción pero no permite que el magistrado supla al amparo de lo dispuesto por dicha norma legal  las omisiones del accionante que no cumplió con la carga procesal que le impone el art. 65 citado  La  facultad saneadora prevista por dicha norma debe ejercerse –como cualquier otra-  de manera prudente y razonable.

V. De la facultad de fallar “ultra petita”

Sabido es que el art. 56 de la L.O. faculta a los jueces a fallar  “ultra petita” “Los tribunales podrán fallar ultra petita, supliendo la omisión del demandante” lo que implica que cuando el juez o tribunal determina la cuantía de lo adeudado en concepto de cosa  demandada no debe atenerse al cálculo inicial , sino que debe determinar el verdadero monto adeudado, pudiendo fallar por más de lo pedido, en relación con la cosa pedida, teniendo en cuenta las pruebas producidas y las disposiciones legales  que resulten de aplicación.  El fundamento de dicha facultad reside en los principios fundamentales que inspiran nuestra normativa, principalmente en el principio protectorio de raíz constitucional.

Al respecto, algunos autores consideran que la facultad prevista por el art. 56 citado constituye una manifestación de la denominada “flexibilización de la congruencia objetiva” [16]   Por nuestra parte consideramos que la facultad conferida por el art. 56 citado es una herramienta otorgada a los jueces por el ordenamiento jurídico formal para hacer operativos los principios específicos garantizados por la Constitución Nacional y por la legislación de fondo. Entendemos que la facultad de fallar “ultra petita”  cristaliza la misión central del juez  que consiste en la realización de la justicia mediante la aplicación del derecho, determinando siempre con relación a la cosa demandada el verdadero monto de lo adeudado, juzgando  de esa manera lo que es suyo de cada uno.  Si bien excede el propósito de este comentario, estimamos que en todos los casos el juez debe, fijar el monto de los conceptos reclamados de acuerdo a las probanzas de la causa y a las  leyes vigentes,  prescindiendo de los guarismos vertidos por las partes y en su caso del perito contador. Consideramos también que no resulta conveniente diferir el monto al que resulta acreedor el actor –salvo supuestos excepcionales- , a la tarea que efectúe el perito contador en  la etapa prevista por el art. 132 de la L.O. Los derechos involucrados requieren la satisfacción en el menor tiempo posible del crédito reconocido mediante sentencia firme.

VI. Algunos supuestos de incumplimiento del art. 65 de la L.O.:

A modo meramente enunciativo y sin pretender agotar todos los supuestos que se presentan,  enumeraremos algunos ejemplos  de demandas donde se incumple con la carga procesal prevista por el art. 65 inc. 3) y 4) de la L.O.           

Diferencias salariales por errónea categorización: Observamos en numerosos casas que el accionante, quien considera que la ex empleadora lo ha registrado en forma deficiente en cuanto a la categoría,  peticiona diferencias salariales incluyendo este rubro en la liquidación que efectúa,  pero en la demanda no  invoca los fundamentos por  los  cuales pretende sostener un encuadramiento en una categoría diferencial, ni se exponen las características de las tareas efectivamente realizadas. Tal omisión obsta a su admisión, por la carencia de argumentos fácticos y jurídicos que den sustento a tal manifestación.

Enunciación de conceptos salariales en la liquidación: Es  habitual la inclusión de un rubro en la liquidación o la enunciación de una suma correspondiente a un concepto determinado sin la debida justificación de este pedido, Al respecto la jurisprudencia en forma reiterada ha explicado que la sola inclusión de un rubro en la liquidación o la enunciación de una cantidad global correspondiente al mismo no cumple con la exigencia prevista por el art. 65 inc. 3) y 4) de la L.O, pues  tal inclusión no tiene sentido si no tiene sustento en un relato circunstanciado de los antecedentes fácticos del reclamo, por lo que no cabe en estos casos su consideración. Así “no es posible proponer en el escrito de inicio la cuestión de diferencias salariales en términos genéricos o imprecisos, claramente violatorio del artículo 65 Ley Orgánica, lo que es suficiente para desestimar los reclamos”  (CNAT, Sala I, 28/4/2003, “Falasconi, Roberto y otros c/ Empresa Ferrocarriles Argentinos” entre muchos otros).

Si se pretende, adicionales de un determinado convenio colectivo se deben especificar los hechos en que se fundan dichos reclamos, es decir las circunstancias previstas por la norma convencional para acceder al beneficio convencional,  tal omisión imposibilita un juzgamiento válido al respecto por aplicación del principio procesal de congruencia (arts. 34 inc. 4°, 163 inc. 6° y 164 C.P.C.C.N.) que posee raigambre constitucional (art. 18 CN) (CNAT, Sala V sd 69918 23/8/2007, “Etchecolatz, Raúl Carlos c/ Bertani Roque Albertos/ despido”)   

De las personas demandadas (solidaridad): Sabido es que las obligaciones solidarias en el derecho del trabajo provienen siempre de la ley. Por tal motivo si la parte pretende  la responsabilidad solidaria deberá exponer los hechos tendientes a demostrar que se dan en el caso, alguno de los supuestos previstos por la LCT o por la ley 19.550. Muchas veces no se invocan las circunstancias fácticas  que permitan incluir la cuestión planteada en la norma legal indicada. Al incumplimiento de la carga procesal del art. 65 de la L.O.  se le suma la invocación de numerosas disposiciones legales ( por ejemplo: arts. 29, 30. 31, 225 de la LCT) que contemplan supuestos fácticos diferentes.  Por otra parte la mera enunciación de precedentes jurisprudenciales tomadas dogmáticamente de referencia de otros casos, no suple la ausencia de sustento fáctico y no alcanzan a conformar una pretensión concreta en tal sentido.

Si se demanda a una persona jurídica y a una persona física en carácter de socio gerente, socio, administrador o director es necesario invocar los hechos en que se funda como el derecho en virtud del cual se solicita la condena, “omisiones que resultan sustanciales e impiden condenarla, pues es al plantear el litigio cuando debieron especificarse los hechos en forma clara y las normas en virtud de las cuales se pretendía su condena para que aquél pudiera replicar (…) Si se pretende responsabilizar a los socios, controlantes, administradores o directores de una sociedad se deberán indicar los hechos que determinan la imputación de responsabilidad patronal así como las normas jurídicas que sustentan la pretensión teniendo en cuenta el tipo societario y el cargo desempeñado, debe existir un concreto planteo para que la actuación de la sociedad se impute directamente a quien la hiciera  posible” (CNAT, Sala III, 29/11/2002, “Oberdan, Ricardo M. c/ Centro de Diagnóstico y Tratamiento Dr. Di Rienzo iS.A. y otro”)..

Tampoco cumple con la exigencia del citado art. 65 la transcripción efectuada en la demanda de un despecho telegráfico donde se hace extensiva la responsabilidad, por ejemplo al socio gerente, ya que estas manifestaciones son insuficientes para sustentar la condena,  pues en principio las sociedades son sujetos de derecho distintos de las personas físicas que la componen (art. 2 ley 19.550), debiendo exponerse con claridad los hechos y el derecho que sustentan la imputación de responsabilidad, tales omisiones no pueden ser suplidas por el juez en virtud del principio “iura novit curia”, pues de lo contrario se vulnerarían tanto el derecho de defensa del accionado como el principio de congruencia (arts. 18 C.N., 34 inc. 4.,del  C.P.C.C.N.) (…)”  (CNAT, Sala III, SD 87956  20/7/2006,Expte., Nro. 8.774/2004 “Villagra María Gimena c/ Carile S.R.L. y otro s/ despido”).

Si se alega un conjunto económico no basta exponer que los demandados formaban un conjunto económico para obtener la condena solidaria de las empresas, se deben invocar  los hechos tendientes a demostrar los recaudos legales previstos por el art. 31 de la LCT para tenerlo por configurado.

En cuanto a la jornada de trabajo, se debe indicar en la demanda el horario habitual de trabajo y los días en que el mismo se cumple. Aquí al igual que el supuesto de diferencias salariales, es usual que se incluya en la liquidación practicada un monto en concepto de horas extras sin que se desprenda de los términos de la demanda fundamento fáctico que sustente el reclamo, a veces ni siquiera se denuncia el horario de trabajo. Si el actor pretende que debe ser retribuido por tiempo suplementario, debe denunciar la extensión de su jornada de trabajo, explicando si cumple horario extraordinario todos los días  y en su caso qué días presta servicios más allá de la jornada máxima legal. Tales presupuestos no pueden ser suplidos mediante la prueba testimonial pues la misma no resultará idónea para tener por acreditadas  circunstancias fácticas no invocadas por el actor (cfr. art. 364 del C.P.C.C.N.).

En materia de accidente de trabajo con fundamento en lo normado por el art. 1113 del Código Civil  si bien tal norma establece la responsabilidad objetiva en los supuestos en que el daño sea causado por el riesgo o vicio de la cosa, debiendo el dueño o guardián para eximirse de responsabilidad probar la culpa de la víctima o de un tercero por quien no deba responder, por lo que al demandante le basta probar el daño causado y el contacto con la cosa de que proviene aquél, lo cierto es que en la demanda deberá denunciar la mecánica del accidente y cuál es la cosa riesgosa o viciosa de manera de poder establecer en la sentencia la conexión entre la cosa y el hecho y la relación causal entre el accidente y el daño.

Además de la cosa demandada y los hechos explicados claramente, el art. 65 inc. 5° de la L.O. dispone que el actor exponga en forma sucinta el derecho aplicable, al respecto. Sabido es que  por aplicación del principio “iura novit curia” es el juez el que debe decidir la normativa aplicable al caso y calificar la verdadera relación habida entre las partes, pero este principio no autoriza al juez o tribunal a acordar derechos no pedidos ni debatidos en el juicio, así si el actor encuadra su petición en el régimen de la ley 22.250  y luego se decide que la relación se rige por el régimen general de la LCT no corresponde que se condene al pago de las indemnizaciones allí previstas si las mismas no fueron reclamadas. En síntesis, es deber del juez aplicar el derecho, pero el encuadre jurídico debe ser versar sobre los elementos fácticos aportados por las partes.

Consideramos, asimismo como lo ha señalado [17] Maza que  resulta imprescindible citar la norma concreta cuya aplicación se pretende, así si se reclaman las asignaciones no remunerativas o remunerativas otorgadas por el PEN deviene  necesario  que se indique cuál es el decreto que dispuso la asignación cuyo cobro se pretende. La existencia de gran cantidad de leyes, decretos, resoluciones, aplicables, incluso a un mismo aspecto de la relación laboral, revela la conveniencia de indicar la fuente legal en que basa el actor su pedido.

VII. A modo de conclusión:

 La falta de alegación de los hechos en los que se fundan  las pretensiones peticionadas en la demanda, además de configurar un incumplimiento a la carga que impone el art. 65 dela L.O. , también imposibilita un juzgamiento válido al respecto por aplicación del principio procesal de congruencia, que posee raigambre constitucional  (cfr. art. 18 C.N.)  No se trata de un rigorismo formal ya que no pueden vulnerase derechos que aunque originados en razones procesales, deben ser respetados y protegidos, como la  garantía de defensa en juicio y las reglas del debido proceso adjetivo.       

Debe tenerse en cuenta que el  objeto a que aluden las normas es el comportamiento humano, los legisladores han sido dotados de la facultad de enunciar genéricamente el sentido de esas conductas y el juez debe individualizar la norma general adecuándola a las características fácticas del caso sometido a su decisión, de ahí la importancia que tienen los hechos del caso siendo éstos los que determinaran la solución del conflicto.

Si la norma invocada por el actor enuncia que deben cumplirse determinados presupuestos para su aplicación, ninguna relevancia tendrá ello si los hechos que enuncia la ley no se invocan, de nada servirá  la prueba producida si recae sobre circunstancias no alegadas por las partes. En la mayoría de los casos, la cuestión no gira en torno a la norma aplicable si no a la existencia o inexistencia de los hechos relevantes del caso,  pero la omisión, o deficiencias en que incurre el actor en el relato de los mismos no puede ser suplida por el juez conformando peticiones que no han sido objeto de reclamo o bien lo han sido pero sin ningún fundamento que lo sustente.

En definitiva, los hechos no importan tanto por lo que son en sí mismos sino por como son leídos e interpretados de ahí que la dimensión fáctica  constituya  la base de la interpretación jurídica que buscará encontrar la respuesta jurídica y justa al caso planteado.

Es el actor quien tiene a su cargo la descripción clara de los hechos que invoca como sustento de  su pretensión, por lo que la operatividad de los principios fundamentales de nuestra disciplina social depende, en buena medida, del cumplimiento de los requisitos formales de la demanda..

Artículo también publicado en la Revista “La Causa Laboral”